La cesiónde medicamentos de uso animal por parte del veterinario, sin ningún ánimo de lucro, durante el acto clínico y siempre que concurran circunstancias específicas de dificultad de acceso al tratamiento, ya viene contemplada en el artículo 37 del RD 666/2023 con lo que no entendemos necesaria ninguna modificación.
Si existe actualmente alguna dificultad en el acceso a medicamentos de uso animal a través de las 22.222 farmacias comunitarias de este país, cuya accesibilidad, implantación, capacidad de abastecimiento y capilaridad geográfica es muy superior a la de cualquier otro establecimiento sanitario existente, es debida al descontrol que ha existido, hasta ahora, en la venta y distribución de este tipo de medicamentos y a su casi inexistente prescripción por parte de los veterinarios.
Las campañas de desinformación que se están promoviendo desde la aprobación del RD 666/2023 dirigidas a que se legisle contraviniendo la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y su prohibición, por motivos evidentes, de que el prescriptor tenga intereses directos en la dispensación o venta de medicamentos son, ni más ni menos, que campañas interesadas cuyo único objetivo es el interés económico y que pueden estar produciendo un daño reputacional inmerecido e injusto a la Farmacia Comunitaria.
Los farmacéuticos, por su titulación, son los profesionales con competencias legalmente reconocidas respecto a todos los aspectos relacionados con el medicamento, sea de uso humano o animal, desde su investigación hasta su elaboración, distribución, manipulación y dispensación. De la misma forma que no estamos capacitados legalmente para diagnosticar y prescribir, otros profesionales sanitarios no están capacitados legalmente para dispensar.
Distintas entidades, sociedades y asociaciones farmacéuticas llevamos años advirtiendo a nuestros representantes sobre las malas prácticas relacionadas con la venta y dispensación de los medicamentos de uso animal y los efectos de estas prácticas sobre la salud de animales y personas sin que nunca hayamos obtenido respuesta o solución a este problema.
Ni entendemos, ni compartimos ni podemos tolerar el actual mutismo de algunas de nuestras instituciones sobre este importante asunto y les recordamos que, entre sus funciones, se encuentran defender los derechos de sus colegiados y velar por el cumplimiento de la legislación sanitaria y de la legislación farmacéutica. Entendemos que se está haciendo dejación de estas funciones y exigimos que se tomen medidas con la misma celeridad y publicidad con la que se han manifestado anteriormente respecto a otras materias.
Apelamos, una vez más, al esfuerzo de todas las profesiones sanitarias a la hora de trabajar de forma conjunta, dentro de las atribuciones de cada una, en aras de mejorar la salud pública, garantizar el buen uso de los medicamentos y atajar el creciente problema de resistencias a los antimicrobianos.
